20 Mayo 2017
Por: Roberto Cajina
Mucho medité para decidirme a comentar el artículo de Leticia Salomón titulado “Militares y policías, instrumentos golpista de represión”, difundido a través de lista de correo de la Red de Seguridad y defensa de América Latina (RESDAL). Lo he meditado mucho porque con Leticia me une una larga amistad y reconozco que es sin duda la profesión a la centroamericana más renombrada por sus excelentes trabajos sobre Defensa, Seguridad y Gobernabilidad, tanto en su país como en la subregión.
En distintas ocasiones y países hemos coincidido en eventos internacionales sobre los temas de su especialidad. Pero al leer su artículo vino a mi mente la respuesta del general Romeo Vásquez Velásquez, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, a la pregunta de un periodista que le recordaba su relación de amistad con el depuesto presidente Manuel Zelaya: “La amistad termina donde comienza el deber”, dijo, y en eso estoy de acuerdo con él. Así que voy por el deber y de antemano hago votos por no perder su amistad, que ha sido tan valiosa para mí, porque de Leticia he aprendido mucho de lo que medianamente sé, y porque mis comentarios son una crítica sana que no pretende
denigrar ni escarnecer a nadie, menos a ella. Es un llamado a un debate de altura, serio, académico, profesional, responsable, informado y tan objetivo como se pueda en medio de las complejidades de la crisis política en Honduras, y de los inevitables intereses encontrados que alrededor de esta se han tejido.
En ese sentido, tengo un deber para con los colegas de la RESDAL, para con la propia Leticia y para conmigo mismo y es por ello que me decidí a comentar su escrito, sin ánimo de polemizar -porque no tendría sentido, ni la RESDAL, es el foro más adecuado- sino en el interés de aclarar lo que a mi juicio es una forma no apropiada de retorcer los hechos, quizás tratando de inclinar la balanza de una opinión pública especializada, como es la de los miembros de la Red y de los muchos usuarios de su página Web, a favor de una de las partes involucradas en el conflicto político de ese país.
Leticia Salomon
Para comenzar, coincido completamente con el primer párrafo de su artículo. Acertadamente Leticia nos recuerda en breve la naturaleza y misiones clásicas de las Fuerzas Armadas y la Policía de cualquier país, pero es lamentable que lo haga para construir una base argumental sobre la que erige una crítica parcializada contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional Civil de su país, por el papel que han jugado y están jugando en la crisis política que comenzó a vivir Honduras, no tres meses atrás cuando el presidente Zelaya fue depuesto, sino desde semanas antes de agosto de 2008, cuando en Honduras se inició un debatir sobre si debía o no formar parte de la entonces Alternativa Bolivariana para los pueblos de nuestra América (ALBA), ahora Alianza, encabezada por el presidente Hugo Chávez de Venezuela. El entonces presidente Manuel Zelaya era el portaestandarte de la incorporación, mientras importantes sectores de la sociedad hondureña se oponían por una diversidad de razones que no viene al caso referir.
Es asimismo, lamentable que Leticia haya olvidado deliberadamente -porque de otra manera y en otras circunstancias no lo hubiese hecho- completar el primer párrafo, juntando lo que la teoría dice con lo que dice la Constitución Política de Honduras sobre las misiones de ambas instituciones. Eso hubiera sido de desear, pero no lo hizo y a mi juicio las razones son obvias. Artículo 272 de la Carta Magna hondureña recoge exactamente lo que Leticia señala, pero además añade lo que ella olvidó, que las Fuerzas Armadas de Honduras “Se constituyen (…) para mantener la paz, el orden público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República. Cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público”2.
¿Qué tales atribuciones sobrepasan los límites de las competencias profesionales e institucionales de un cuerpo castrense porque les confieren un innegable poder político y las convierten en “poder moderador” y “ángel guardián” de la democracia y la Constitución hondureña? Estoy completamente de acuerdo, pero quiérase o no es lo que dice la Constitución y a eso debemos atenernos.
Por su parte, el artículo 293, define la naturaleza y funciones básicas de la Policía Nacional, estableciendo que “es una institución profesional permanente del Estado, apolítica en l sentido partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por la conservación del orden público, la prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes; ejecutar las resoluciones, disposiciones, mandatos y decisiones legales de las autoridades y funcionarios públicos, todo con estricto respeto a los derechos humanos”.
Y es en esta coletilla del texto constitucional donde se presenta una inevitable contradicción que abre algunas interrogantes: ¿Derechos humanos de quién, de las víctimas, de los victimarios, o de ambos? Y en este último caso, que es lo más justo y equitativo, ¿cómo conciliarlos? Una interrogante más. ¿De qué forma deberían actuar las Fuerzas Armadas y la Policía ante situaciones de violencia extrema, excesiva? Y las manifestaciones de apoyo al depuesto presidente Manuel Zelaya no han sido precisamente pacíficas. En contraste, las llamadas “marchas blancas”, en apoyo al gobierno interino, no han tenido expresiones de violencia destructiva.
En el artículo de opinión de Leticia, hay una afirmación, a mi juicio, subjetiva y temeraria que trascribo íntegra y textualmente. “La represión que ha sufrido la resistencia en su larga lucha contra el golpe de Estado ex sorprende, por la furia desatada, el odio manifiesto y la violencia implícita: golpean -se refiere a policías y militares- con tubos de metal que han sustituido los tradicionales toletes de madera, utilizan palos con clavos para que los golpes sean más certeros, atacan en grupos, arrasan con mujeres, jóvenes y niños, se ensañan con los más indefensos, arrastran por el suelo a los jóvenes que detienen y se los llevan con rumbo desconocido”.
Voy a dejar de un lado eso de “larga lucha” -larga lucha fue la vietnamita o la nicaragüense contra la dictadura de la familia Somoza-, son apenas tres meses; lo del “odio manifiesto” descubierto por Leticia en la personalidad de militares y políticas; y la grave insinuación de desapariciones al asegurar que las fuerzas de seguridad se llevan a los jóvenes que detienen “con rumbo desconocido”.
Pero sobre la subjetividad de esas afirmaciones, es más importante preguntarse ¿Es que acaso en el cumplimiento de su deber, militares y policías deberían hacer gala de las más refinadas reglas de cortesía y buenos modales, y sin más armas que la razón y la palabra, invitar a la sensatez, llamar a la calma, proteger y trasladar a sus casas, en lugar de detener y poner a la orden de la justicia, a quienes actúan violentamente y transgreden la ley -independiente si su causa es justa o no-, lanzando bombas Molotov y otros artefactos explosivos (parte de los cuales la Policía Nacional Civil encontró en la sede de una universidad en Tegucigalpa), incendiando vehículos y establecimientos comerciales y atentando con TNT contra medios de comunicación e instalaciones públicas y privadas, ajenas estas últimas al conflicto?3.
De la lectura del texto constitucional queda claro cuáles son las responsabilidades de ambas instituciones, y más claro aún que no cumplirlas significaría violar lo establecido en la Carta Magna y desacato a la autoridad del Poder Civil, delitos muy graves. Leticia tampoco repara en esto, lo vadea deliberadamente para arremeter contra las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como si en su esfuerzo para garantizar la seguridad de las personas y sus bienes y preservar el orden público, estuviesen actuando al margen de la Constitución y violándola impunemente.
Después de leer los dos primeros párrafos, pasar vista sobre el resto de su escrito me ha resultado sobrancero porque en ellos está la médula de la posición política de Leticia, no el análisis de una académica experta en temas de Seguridad, Defensa y Gobernabilidad, que trata de entender y explicar lo que acontece en su país para iluminar con sus conocimientos, su experiencia y su objetividad a quienes no están tan cerca de la crisis política que ahí se vive, sino la opinión -a lo cual tiene todo el derecho- de una activista política de una de las partes en conflicto.
Debo aclarar también que desde mi primera reacción a lo sucedido en Honduras el 28 de junio pasado, que casi de inmediato circuló en la cadena abierta pro la RESDAL, y mi primer artículo en forma, publicado también en la página Web de la Red, he sostenido, analizado los hechos y revisando el ordenamiento constitucional y jurídico de Honduras, que en ese país no hubo golpe de Estado, menos “golpe militar”, y que lo que se dio fue una sucesión constitucional en estricto cumplimiento de lo prescrito por la Carta Magna. Pero que al extrañar al depuesto mandatario a Costa Rica, las Fuerzas Armadas violaron la Constitución de su país, cuyo artículo 102 expresamente establece que “Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado por las autoridades a un estado extranjero”, y que por ese delito la Junta de Comandantes debe responder ante la justicia. Esto lo he sostenido y lo sostengo, prácticamente en contra de lo que opinan muchos colegas de la Red, algunos incluso amigos cercanos y queridos, y obviamente de la posición política de la comunidad internacional, de la OEA, de José Miguel Insulza y del mismo Departamento de Estado.
Terminando estaba de preparar un tercer análisis sobre el tema cuando alertado por una nota periodística de una agencia internacional de noticias, busqué y encontré el “Informe al Congreso” (Report for Congress), de la exhaustiva investigación realizada por Norma C. Gutiérrez, principal especialista en legislación internacional del Directorate of Legal Rearch for Foreign, Comparative, and International Oaw, de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América, titulado “Honduras: Constitucional Law Issues”, fechado agosto 20094. La pesquisa –como diría mi querido colega brasileño Héctor Saint-Pierre de la especialista muestra con sólidos fundamentos jurídicos, no argumentos políticos, que la remoción del presidente Manuel Zelaya se hizo apegada a la Constitución y el ordenamiento jurídico de Honduras, al igual que la designación del actual Presidente interino, pero que su extrañamiento a Costa Rica sí fue ilegal.
Obviamente que Leticia opina todo o contrario, califica a militares y policías de “golpistas” y los acusa de represores, tal como revela el mismo título de su artículo de opinión: “Militares y policías, instrumentos golpistas de represión”.
Considero necesario aclarar, y con énfasis, que no conozco ni tengo relación alguna con el presidente interino Roberto Micheletti e igual con el depuesto presidente Zelaya, y que por tanto tampoco tengo interés alguno en favorecer o dañar a alguien en particular. Como centroamericano y académico me interesa estudiar la crisis política en Honduras, buscar sus causas últimas y las inmediatas, sus efectos, y encontrar repuestas a mis múltiples interrogantes, y explicaciones convincentes, y explorar escenarios y perspectivas de solución, no desde una posición parcializada sino desde la relativa objetividad de la investigación científica, académica.
Para evitar malas interpretaciones o innecesarias conjeturas, sí debo reconocer que conozco a Víctor Meza, esposo de Leticia, a quien también considero un amigo al que guardo mucho respeto personal y profesional. Víctor formó parte del gabinete del depuesto presidente Zelaya, como Secretario de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, uno de los más importantes del gabinete presidencial. Debo reconocer también que su designación fue una acertada decisión del entonces presidente Zelaya y que el conocer de su nombramiento me produjo mucha satisfacción.
A propósito, quiero traer a colación que el mismo día en que el mandatario interino Roberto Micheletti declaraba a la prensa que el depuesto presidente Zelaya podía regresar a Honduras, pero si era para responder ante la justicia por cerca de una veintena de cargos tanto del orden penal como administrativo, que la Fiscalía ha incoado en su contra, Víctor dijo en Tegucigalpa al periodista Tyler Bridges de McClatchy Newspapers: “Yo pienso que Zelaya debe ir a San José, Costa Rica, firmar el Acuerdo y venir a Honduras. La mayoría de sus ministros acá han llegado a la misma conclusión que necesita venir acá. Él sería sacado de la prisión en hombros del pueblo hacia la Casa Presidencial”.
Las declaraciones del exministro de Gobernación y Justicia daban ya desde entonces una pálida idea de lo que actualmente sucede en Honduras, luego del regreso clandestino del depuesto presidente Zelaya y su refugio en la Embajada de Brasil en Tegucigalpa. Era la primera advertencia de una violencia anunciada, incitada ahora por el depuesto mandatario desde las ventanas de la sede diplomática brasileña y en entrevistas telefónicas con medios locales en las que está llamando a sus partidarios a la “insurrección final”. Tal pareciera que está jugado un juego macabro e irresponsable porque no creo que tenga idea de la tragedia en la que se puede sumir Honduras.
Con su artículo de opinión, Leticia pretende conducirnos a ver el mundo con los clásicos lentes del maniqueísmo. En Honduras hay dos bandos: los buenos y los malos. Los buenos, bando en el que al parecer milita, son el depuesto presidente Zelaya y sus partidarios, y los malos, los que le depusieron mediante un “golpe de Estado represivo y criminal” apoyado por militares y policías golpistas.
Pero esa posición de Leticia no es nueva. En el segundo artículo que escribió, también publicado en la pagina Web de la RESDAL, ella clama venganza y pide capturas, juicios y cárcel para los “malos”, habida cuenta que todos ellos son parte de una conspiración en la que se coludieron políticos derechistas y retrógrados, empresarios voraces y reaccionarios, militares golpistas, las iglesias católica y evangélica, y medios de comunicación, para acabar con los “buenos”.
Tratar de presentar argumentos frente a un manifiesto político, aunque no imposible ni difícil, sería una miserable pérdida de tiempo, porque n se trataría de un debate de ideas en los predios de la academia, sino de una refriega entre partisanos, y yo no milito en ninguno de los bandos.
Así que lo único que me queda es lamentar que no podamos tener por la excelente pluma de Leticia, análisis juiciosos y sensatos, académicos, profesionales, serios, responsables, sobre el drama que vive Honduras, uno de los cuatro países más pobres del Continente Americano. Lejos allá desde Washington, Norma C. Gutiérrez, la especialista en derecho internacional dela Biblioteca del Congreso de Estados Unidos de América, ha arrojado importante luz sobre ese drama, pero lamentablemente todavía hay quienes creen o persisten en creer, por interés o por ignorancia, que en sus pequeños mundos solamente habitan dos tipos de personas: los buenos y los malos, y claro, siempre se coloca en el bando de los impolutos. Esto también es deplorable.
Fuente: latribuna.hn
