26 Diciembre 2015
Siendo niño escuchaba un relato de mi abuelo Rómulo B. Zepeda acerca de un suceso familiar que perseguía su imaginario como un fantasma en el transcurso de su vida. Este acontecimiento lo tenía adherido a su memoria como un fuego que alimentaba cada día con ramas de ocote. Relataba que su madre, apenas una joven, doña Antonia de Jesús Zepeda Molina, había escapado de ser ultrajada por las tropas al servicio del gobierno del General Domingo Vásquez comandadas por el también General Alfonso Villela. Y que gracias a la oportuna intervención del Coronel César Molina, no se produjo esa acción humillante, inmoral y criminal contra su progenitora. Vivía su madre en el pueblo de Güinope, junto a sus padres don Manuel Buenaventura Zepeda y María Antonia Molina de Zepeda. Poseían una propiedad rural y una tienda de artículos para costura y prendas de vestir para hombres y mujeres, libros, adornos, frenos y galápagos y demás enseres útiles para bestias de montar y carga. Aquel relato siempre me intrigaba porque lo narraba como si hubiese ocurrido hacía unos instantes y que él lo haya presenciado en vivo. Le ponía una entonación de voz que cautivaba a quienes lo escuchábamos y no queríamos que terminara.
Esa versión y otras anécdotas las escuché varias veces por las tardes en el ocaso de su vida. Con el correr del tiempo, recordaba el suceso, y poco a poco el relato perdía fuerza. Lo llegué a considerar que mi abuelo lo describía para reafirmar su militancia política en el ideario del abogado Policarpo Bonilla Vásquez. Sin embargo, a mediados del año 2014 encontré un documento sobre un reclamo por pérdidas de guerra presentado por la señora María Antonia Molina de Zepeda en Yuscarán el 21 de julio de 1894. El hallazgo me conmovió, salté de la silla en la Sala de Lectura del Archivo Nacional; y para asombro de los presentes, grité con ese sentimiento de los aficionados al fútbol cuando su equipo mete un gol al adversario. Fue verdadero golazo. Y acto seguido, sentí cómo una corriente de recuerdos asomaron inmediatamente a mi memoria. Contemplé, en retrospectiva, a mi abuelo y sus relatos familiares y de pronto recobré ese sentimiento de pertenencia a una historia familiar por medio de aquellas crónicas escuchadas en mi niñez. Recobrando la racionalidad, empecé a leer el documento, muy detenidamente. La petición presentada a la Junta de Reconocimiento del departamento de El Paraíso por valor de 438.50 pesos; describe que el día 28 de marzo de 1893 las tropas al mando del General Villela asaltaron su tienda, y causaron daños al inmueble, rompiendo puertas y ventanas y haciendo boquetes en las paredes en busca de dinero y joyas. Doña María Antonia Molina de Zepeda y sus hijas buscaron refugio en la casa de las “niñas” Ángela y Margarita Zelaya. El Fiscal Ildefonso Córdova Serra se pronunció: “pido se reconozca el reclamo que hace la señora Zepeda”. En el escrito de doña María Antonia se presenta la lista de artículos y objetos que fueron saqueados, y su apoderado es José Antonio Valladares, primo hermano de Paulino y Ramón. En las diligencias hay testimonio de Miguel Núñez, Daniel Jirón, Manuel Balladares, Ana de Andino, Ángela Zelaya, Rosa Núñez, Salvadora de Castellanos y Pio Núñez que dan fe de los extremos señalados por la peticionaria sobre el saqueo y destrucción de su casa-tienda. En el documento se destaca la muerte de su hijo Francisco en la acción del Corpus bajo las órdenes del General Terencio Sierra el 8 de septiembre de 1892. Ese dato hizo aparecer a la familia Zepeda Molina como enemiga del gobierno de Domingo Vásquez, 1892-1893. Para el momento del suceso criminal contra doña María Antonia, su esposo don Manuel Buenaventura ya había fallecido. No conozco las interioridades de la muerte de mi tatarabuelo; y espero un día encontrar algún documento que me brinde una idea de su desaparecimiento físico. La decisión del gobierno de Policarpo Bonilla de reconocerle las pérdidas sufridas en Güinope a la familia Zepeda Molina, fue gratificante. No solo por determinar que eran exactos los daños, sino que el gobierno de Bonilla Vásquez le concedió, póstumamente, el grado militar de Teniente a su hijo Francisco, sino que a su madre se le otorgó una pensión vitalicia por valor de 20 pesos mensuales. Esto forma parte del proceso que explica el origen de nuestra militancia en las filas del Partido Liberal de Honduras. Al finalizar la lectura del documento que contiene el reclamo por pérdidas de guerra presentado por doña María Antonia, sentí que lo escuchado en mi niñez poseía una carga emotiva en los recuerdos que no podía olvidarme. Mi bisabuela, Antonia de Jesús fue casada con Andrés Baquedano Montoya, natural de Soledad; y son los padres de mi abuelo Rómulo. Contrajo nupcias mi abuelo con Yanuaria Baca Aguilar de la aldea El Trapiche, Choluteca. Mi abuelo, debió llamarse legalmente: Rómulo Baquedano Zepeda; pero conservo el apellido Zepeda de su madre con la simplificación: Rómulo B. Zepeda. Y todos sus hijos Rogelio, Sergio, Laura, Rosinda, Amanda e Ismael mantuvieron el apellido Zepeda como un testimonio imperecedero de aquella mujer que soportó los ultrajes de la soldadesca de Villela al servicio del gobierno del General Domingo Vásquez. El padre de doña María Antonia fue Francisco Molina, regidor de la municipalidad de Güinope, a quien encontramos en un documento de Buen Gobierno autorizado por esa corporación municipal en 1858. Rómulo fue un próspero comerciante, presidente del Consejo Local y Juez de Paz de Choluteca en el gobierno de Villela Morales. Concluyo, entonces, que el relato de mi abuelo Rómulo no fue una quimera, sino un auténtico suceso basado en un hecho histórico, y mis dudas de juventud al fin fueron aclaradas y superadas. Por lo cual, mi grupo familiar proviene de Güinope, asentados originalmente en Yuscarán, desde aproximadamente el año 1740. A la memoria de mi abuelo, me aficioné a las lecturas históricas para mantener viva una tradición de relatos familiares que constituyen una especie de identidad, alimentada por mi abuela materna, Juana Campos Paz. Escribo, además, estas notas para fortalecer la memoria histórica de los hombres y mujeres que han soportado y sobrevivido a los abusos del poder tiránico, despótico y arbitrario. Ellos y ellas merecen ser recordados por las generaciones presentes para tener una visión más objetiva de la construcción de la sociedad que vivimos. Que esas generaciones no olviden ese tránsito de la barbarie a una democracia restringida, y de allí construir una Patria compartida, con equidad y respeto a los valores e ideas de los demás. Esa es la ruta histórica que hay que recorrer.
