Lea Honduras

21 Noviembre 2015

Por: Juan Ramón Martínez.

La inestabilidad hondureña, desde 1985 hasta la fecha, ha sido alimentada por los intereses continuistas de los gobernantes que han querido prolongar su mandato, imponer candidatos para proteger  sus espaldas una vez dejado el ejercicio de la Presidencia; o simplemente, para reelegirse en forma clara y definida. La primera crisis de la democracia hondureña, que se produce en marzo de 1985, fue alimentada por los afanes del presidente Suazo Córdova, interesado en quedarse dos años más en el ejercicio del gobierno, fuera de lo que ordenaba la Constitución de la República emitida en 1982. La tesis de Suazo y sus seguidores es que él había sido elegido antes que se aprobara la aludida Constitución, por lo que el ordenamiento que establece el periodo presidencial, que se redujo de seis a cuatro años, no le era aplicable porque la ley no tenía efectos retroactivos. Suazo Córdova se movió con sigilo, colocando en la Presidencia del Congreso Nacional a Efraín Bu Girón, quien pese a ello, para 1985, estaba abiertamente confrontado en vista que Suazo quería imponer a Óscar Mejía Arellano como candidato presidencial, afectando los intereses suyos que quería el puesto para él y los de José Azcona, el contendiente más fuerte que jamás se había encontrado en su vida política el titular del Ejecutivo de entonces.

Los supuestos de Suazo Córdova

La estrategia de Suazo Córdova fue la típica de los nacionalistas reconvertidos formalmente en liberales. Se basaba en tres consideraciones vigentes y valederas entonces: dominación y control del partido en el gobierno, amistad y apoyo de los líderes militares y subordinación del gobernante hondureño a las políticas de Estados Unidos en la región, especialmente en lo referido a la lucha armada en contra de Nicaragua. En 1985, Suazo enfrenta la rebelión de José Azcona, tiene enfrente, envalentonado a Bu Girón y la mayoría de los diputados liberales que resienten  su estilo rural de manejar las cosas y su vocación por el chismorreo y la intriga barata. Y además, ha perdido para entonces el respaldo de Gustavo Álvarez Martínez, caído en una conspiración de sus propios compañeros; y lo que es más grave, los oficiales de Reagan que le seguían el juego de sus dos años adicionales de mandato, empezaban a enfrentar problemas que concluirán con el escándalo conocido como Irán-Contras.

Con todo, para entonces, el mayor respaldo de Suazo Córdova, proviene de los estadounidenses, con los cuales es obsecuente  e incluso servil. Elliot Abrahams, Secretario de Estado Adjunto, le había hecho creer que para ellos era fundamental que siguiera en el gobierno dos años más. Él, que sabía donde se rascaba el tigre, con tal apoyo se sentía fuerte y seguro. Por ello, cuando se enfrenta con Bu Girón, por el tema de la destitución de la Corte Suprema de Justicia,  con la cual Suazo Córdova mantiene operando el sistema clientelar que estableció el general Carías Andino, está seguro que lo puede doblegar. Por ello, encarcela a Ramón Valladares Soto, elegido y juramentado como nuevo titular del Poder Judicial; y discretamente obliga que el resto de los nombrados (Orlando Lozano Martínez, Rivera Portillo, Teobaldo Enamorado entre otros) discretamente se alejen del foro y se refugien en casas particulares o en bufetes legales poco visitados como el de Carlos Roberto Reina. El conflicto fue resuelto por la intervención de los militares que facilitaron el diálogo y una suerte de tregua que sin embargo, mostró que el tema de la Corte era el tapón del pomo, porque en el fondo la pelea era por la candidatura de los partidos tradicionales que para entonces, Suazo Córdova quería controlar. Pero dos problemas inesperados cambiaron el rumbo de la cuestión; la debilidad del gobierno de Managua que accedió inicialmente a someterse a un proceso electoral y fundamentalmente, el descubrimiento público que el gobierno de Reagan financiaba el apoyo a los contra revolucionarios nicaragüenses por medio del intercambio de drogas y del financiamiento y venta de armas a Irán. El efecto de este escándalo, que estremeció la administración de Reagan,  obligó a Abraham a dejar el cargo, echando por tierra los planes continuistas de Suazo Córdova. El impacto fue de tal forma que el Presidente Suazo Córdova celebró una sesión en su casa en la ciudad de La Paz, para informar que el proyecto había fracasado. A esa reunión asistieron los incondicionales de entonces de Suazo Córdova; el diputado Fuentes (Ocotepeque), Edgardo Paz Barnica, Carlos Flores, Rafael Pineda Ponce, Óscar Mejía Arellano, Elvin Santos Lozano y otros más.  Aquí, Suazo Córdova, informó que el proyecto continuista no era viable, por lo que  la alternativa era imponer un candidato que garantizara la continuidad del partido en el poder, la superioridad del Movimiento Rodista y la neutralización del Partido Nacional, por medio del apoyo a Juan Pablo Urrutia que, con el respaldo del gobierno liberal, se había apropiado de los sellos del Partido Nacional. En el Partido Liberal por su parte,  Suazo Córdova impulsaba la candidatura de Óscar Mejía Arellano, -un hombre de edad avanzada, sin carisma personal y con poca fuerza para conectar con los liberales más marginales de entonces- una vez que descartó la de Carlos Flores, vista la oposición inicial de los viejos líderes conservadores liberales y la resistencia de algunos segmentos relevantes de las Fuerzas Armadas que no estaban contentos con su juvenil arrogancia y su discreto antimilitarismo.

La rebelión de Azcona, Callejas, Lardizábal y de Bu Girón

La rebelión más fuerte que enfrentó Suazo Córdova durante su gobierno, ocurrió dentro del Partido Liberal. Y la acaudilló José Azcona, un austero y maduro político liberal, orgulloso y honrado que menospreciado por el titular del Ejecutivo organizó y movilizó toda la inconformidad de sus correligionarios en contra de Suazo Córdova. Azcona contó  con el apoyo de todos los adversarios  de Suazo Córdova, destacando en esta labor, la actividad de Carlos Montoya. Pero la resistencia en contra de Suazo Córdova también tenía un fuerte eco  en el Partido Nacional, porque allí Suazo Córdova también había intervenido, favoreciendo la declinación del liderazgo de Zúniga Augustinus. Las dos expresiones del conflicto político, creó una situación  muy particular: Los partidos tradicionales tenían varios candidatos. El oficial y el de la resistencia. Con un volumen electoral superior de estos últimos, como se vería un tiempo después, superior con el que contaba Suazo Córdova para detenerlos en unas elecciones internas que el gobernante “liberal” rehuía porque sabía que podía perderlas. En el Partido Nacional, el candidato popular era Rafael Leonardo Callejas, joven dirigente que había emergido como una nueva figura que  les daba esperanzas a los nacionalistas que bajo su conducción podían llegar de nuevo al poder. Suazo Córdova apoyaba en cambio  a Juan Pablo Urrutia, un hombre bueno, a quien habían estimulado para que creyera que él tenía capacidad para sustituir a Zúniga Augustinus y ganarle a los liberales en las elecciones generales.

Suazo Córdova tenía en su favor el control absoluto de la Corte Suprema de Justicia  que había recuperado después del ataque de Bu Girón y el apoyo del Tribunal Nacional de Elecciones, en donde la misma Corte Suprema tenía la llave de su control. Sin embargo, no contaba con  la mayoría de la opinión pública; ni tampoco con las primeras expresiones de la sociedad civil que para entonces se expresan por medio de la Iglesia Católica, centrada en el emergente liderazgo de Monseñor Óscar Andrés Rodríguez y de los dirigentes obreros y campesinos que para entonces gozan de respeto y consideración de la ciudadanía en general. Estos lucen neutrales, interesados en que se resuelvan los asuntos  nacionales con respeto y consideración a la ley y, en la práctica, respaldan en una alianza que produjo buenos frutos, a los militares que para entonces habían asumido un papel de moderadores agentes de solución y acuerdo entre los políticos. Todos o la mayoría de los hondureños implicados en la política, resisten la tozudez rural de Suazo Córdova y su obstinación de imponerle al país un sucesor escogido directamente, para proteger sus intereses. El Congreso Nacional por su parte, se rebela  en contra del titular del Ejecutivo y se crean las condiciones de ingobernabilidad que hacen obligatoria la intervención de los militares, primero como amigables componedores junto a la Iglesia Católica; y después como la fuerza que, respaldada por el movimiento obrero y campesino, fuerzan una salida que posiblemente es la fuente que, sin embargo, alimenta la crisis actual que está pasando el país. En efecto, como la confrontación solo se resolvería en las urnas, –los tecnócratas electorales, que para entonces habían hecho su aparición, argumentaban que no había tiempo para efectuar las elecciones internas y las generales– se estableció la llamada Opción B,  en virtud de la cual, ambos procesos se celebrarían simultáneamente. Posteriormente le agregaron el acuerdo -que muchos consideraron inconstitucional- que los votos de los diversos candidatos de un mismo partido, serían sumados.  Y que ganaría  la Presidencia el que obtuviera más votos dentro del Partido que en su conjunto recibiera mayor respaldo del electorado nacional. En estas elecciones, Callejas obtiene individualmente el mayor número de votos. Pero el Partido Liberal supera en votos al Partido Nacional, por lo que en virtud del acuerdo, Callejas declina y permite el acceso de Azcona a la Presidencia de la República.

Los antecedentes: el PL pierde la primera discusión sobre duración del período Presidencial

El 23 de enero de 1981, el Partido Liberal propuso por medio de sus diputados que el periodo presidencia, debía ser de seis años, el PINU y el Partido Nacional, se aliaron para imponer el criterio que el periodo presidencial debía reducirse a cuatro años. Esta derrota será una espina dolorosa en las pretensiones de Suazo Córdova por buscar los dos años que creyó injustificadamente que le han negado de su mandato de seis años como era lo que disponía la Constitución anterior a la de 1982; y bajo la cual había sido elegido por el pueblo hondureño. El continuismo de Suazo Córdova, por ello fue abiertamente confrontativo. Los liberales, se resistieron a aceptarlo y en consecuencia se nuclearon alrededor de Azcona, derrotando al caudillo paceño al final, en las elecciones de noviembre de 1985.

La división en el Partido Liberal

El estilo de gobierno de Suazo Córdova, afectado por cierta ruralidad inevitable, centrada en el chismorreo, la intriga palaciega y la obligación de ser obsecuentes con los actos del gobernante, provocan la primera gran división en el Partido Liberal. José Azcona del Hoyo, respaldado por Montoya y los principales líderes liberales, se rebeló en contra de Suazo Córdova. Este, en una jugada equivocada en la que pasa por alto el carácter enérgico y la fortaleza de un liberalismo individualista y orgulloso, aparta en forma desconsiderada e ilegal a Azcona de la Presidencia del Consejo Central Ejecutivo, argumentando que los miembros de  este cuerpo de dirección política son rotativos. Simultáneamente, lo  obliga a dejar el cargo de Ministro de Obras Públicas. Suazo para entonces estaba acostumbrado a intrigar y dominar a todo el mundo. Lo había hecho con Carlos Flores, al cual estimuló para que fuera candidato liberal, con el fin de exponerlo  innecesariamente al rechazo de los militares y de las fuerzas más antiguas del Partido Liberal que no aceptaron a un líder de tan corta militancia. Pero con José Azcona las cosas se convirtieron en una verdadera rebelión. Además, se agregó a esto, la desobediencia del Presidente del Congreso Efraín Bu Girón y la pérdida del respaldo de Gustavo Álvarez Martínez, caído del cargo de Jefe de las Fuerzas Armadas, en una emboscada montada por sus compañeros militares que incluso, como harían muchos años después con Manuel Zelaya, fue expulsado a Costa Rica. Aunque Walter López Reyes, nuevo Comandante de las Fuerzas Armadas, le ofrece igual apoyo, este no cuenta con el liderazgo y el peso que tenía Álvarez Martínez en el interior de las Fuerzas Armadas. Estas, en su proceso de institucionalización, poco a poco se dan cuenta que deben distanciarse un poco del gobierno, operando dentro de la ley, sin subordinarse desmedidamente de los políticos. De forma que al final, este respaldo no le sirvió de mucho al Presidente Suazo Córdova, sino que más bien, provocó la pérdida total de su prestigio y el fracaso de sus pretensiones continuistas.

La opción B, una salida envenenada que sigue dañando el sistema

La Opción B, ayudó a resolver el problema de 1985, fue tomada de la experiencia uruguaya y apoyada por los militares y sus aliados obreros y campesinos. Sepultó a Suazo Córdova y lo desplazó de la dirección del movimiento rodista, su reducto particular de mando. Pero creó un sistema de movimientos internos, de divisiones en los partidos políticos que ha alimentado las crisis que desde entonces ha impedido la consolidación del sistema democrático por medio del fortalecimiento de las instituciones, al colocar por encima de los intereses nacionales, los  objetivos particulares de los caudillos partidarios. Especialmente, la Opción B, estimuló la obligatoriedad de elecciones internas -para escoger sus candidatos lo que consolidó a los dueños de los movimientos internos e hizo de los procesos internos una fuente de irregularidades como hemos visto recientemente-, confundió las elecciones con la democracia partidaria, transformó a los partidos políticos en fuerzas subordinadas al poder del gobierno y debilitó la fuerza de las bases partidarias que tuvieron que aceptar una nueva verticalidad que hizo crisis en el 2009, cuando Zelaya se rebeló en contra de su partido nominal –porque para entonces no se consideraba liberal, sino que socialista- y en contra del candidato de los liberales, Elvin Santos Ordóñez que, por la acción negativa de Zelaya, perdió las elecciones ante el candidato nacionalista que sin ese respaldo, no habría tenido oportunidad alguna, de lograr el éxito de las elecciones del 2009.

Similitudes y diferencias entre el conflicto de 1985 y el de 2012

La primera cuestión que se aprecia es que los políticos hondureños no aprenden las lecciones históricas, tienen resistencia para cambiar sus actitudes y comportamientos; y poco a poco se alejan más de los sentimientos populares y de los reclamos de la sociedad civil, cuyos crecimientos algunos se niegan a reconocer. En la crisis de 1985, el Ejecutivo que manejaba Suazo Córdova –que mantenía como rehén a la Corte Suprema de Justicia- se enfrentó al Congreso Nacional, que a su manera y dentro del régimen de división de los poderes del Estado, fundamentalmente en el sistema operativo democrático, representó los intereses de la ciudadanía. El fin de la crisis de 1985, fue inicialmente un triunfo de las fuerzas democráticas en contra del autoritarismo representado por Suazo Córdova. Ahora, la situación es diferente. Los que van ganando no son los que producen más confianza y seguridad. Muestran un aire antidemocrático que se percibe desde lejos. El Ejecutivo aparenta no tener interés en el asunto, por lo que JOH es el que se ha echado toda la carga del conflicto en sus espaldas,  comprometiendo incluso su candidatura a la Presidencia en las elecciones del próximo año. El dominio que se ha logrado de la Corte Suprema de Justicia, es políticamente frágil. Los magistrados de ahora se mantienen rebelados y cuentan con el número  suficiente para frenar cualquiera intención del Congreso  Nacional para imponer modelos dictatoriales rechazados por todos. La Fiscalía General de la República, que no existía en 1985, se mantiene fuera y con capacidad para frenar a JOH. Otra diferencia es que los diputados de 1985, lucieron más independientes, se respetaron las diferencias interpartidarias; y el factor dinero no sonó como lo está haciendo ahora. En 1985, no se habló de compra de diputados y en las votaciones, no se produjo la comercialización de los votos, por medio de la manipulación de los suplentes y el acuerdo bajo la mesa con los líderes políticos de entonces, como se ha visto actualmente. Ahora, el factor económico personal -en donde caben las posibilidades de la intervención externa de países, grupos políticos e incluso de líderes del crimen organizado que no era visible en 1985- tiene un mayor peso y en consecuencia una peligrosidad mayor.

Sin embargo, aunque el conflicto tiene la misma naturaleza de 1985, es decir la desobediencia a la ley, el menosprecio de los intereses nacionales desbordados por los objetivos particulares e incapacidad para que los políticos operen dentro del régimen de respeto mutuo a los poderes del Estado democrático, solo exhibe diferencias formales, fruto de las personalidades involucradas. El titular del  Ejecutivo –más calmado y tranquilo que Zelaya y Suazo Córdova; y más sensible que estos a las exigencias de la opinión pública- muestra cierta distancia con  respecto al problema como si no tuviera solo interés en resolverlo; pero no aprovecharse del mismo. La diferencia mayor es que, sin embargo, está aliado con el titular del Congreso Nacional y con la mayoría de las fuerzas que se  rebelaron en contra de la institucionalidad en el 2009, con lo que se crea una inestabilidad más preocupante que las que hemos tenido en el pasado. Los militares, aunque mantienen su misma fuerza y su carácter de seguros defensores de la institucionalidad democrática en el país, no muestran el interés de 1985 en salir al escenario a mediar y buscar soluciones. Por ello, se mantienen reservados, distantes, conscientes que su obediencia está basada en la Constitución de la República, sus obligaciones están muy claras y su subordinación parte del reconocimiento de la legitimidad de la autoridad en el momento en que les imparta órdenes. El diálogo que ha propuesto el Presidente Lobo Sosa, muestra esta diferencia en que el Ejecutivo de 1985, contó con el auxilio de los militares y de la iglesia para salir del conflicto, en tanto que ahora nadie le respalda; ni se ofrece como mediador. Por supuesto, contrario a lo que ocurrió en 1985, ahora el titular del Ejecutivo, cuenta con los mecanismos de la institucionalidad democrática, para revertir la decisión del Congreso en las medidas en que no sancione la decisión tomada que, solo requería la renuncia de los tres “magistrados” nombrados ilegalmente; y la abstención de los diputados nacionalistas y liberales (que no estarían obligados a devolver el dinero “recibido” según se ha dicho, por supuesto), a seguir tratando el asunto en la última legislatura de este período. Reponiendo por consiguiente a los magistrados destituidos, previa a la renuncia de los ilegalmente nombrados por el Congreso Nacional. Finalmente, hay una coincidencia más: la obstinación y la fuerza que exhibe el titular del Congreso, se parece mucho a la obstinación caprichosa que exhibió Suazo Córdova en 1985. JOH, pese a su legalismo, muestra, igual que Suazo en 1985, una falta de visión de conjunto, porque mucho más que la crisis de 1985, la de 2012, se da en el marco de un desajuste económico singular en que el gobierno de Lobo Sosa no tiene recursos para la operación corriente y está a punto, como lo indicó el Fondo Monetario Internacional, de entrar en una insolvencia que le impida el pago de sus obligaciones  en el exterior. La colocación de bonos en el mercado internacional –como ha ocurrido desde cuando Valle manejó el primer préstamo para el estado de Honduras o con los fondos para la construcción del ferrocarril durante el gobierno de Medina- se basa fundamentalmente en la credibilidad que provoca entre los agentes financieros, la imagen del país. Y en este momento, muy poca gente querrá invertir en  Honduras, mientras se proyecta la actual imagen de ingobernabilidad, la vocación de los políticos por el incumplimiento de la ley y el irrespeto entre los poderes del Estado. En 1985, el país era en efecto un rehén de la política exterior de los Estados Unidos que, a cambio de tal sumisión, financiaba “generosamente” la operación del gobierno y la sociedad económica de entonces. Ahora, esta crisis política, se da sin respaldo económico de ningún estado, excepto el financiamiento ilegal del cual muy poco podemos hablar en vista de la  tumultuosa coincidencia se ha dado entre intereses que hasta hace algunos meses eran contradictorios.

Apuntes finales. La crisis que se vive actualmente, puede derivar en una ruptura del orden constitucional, cosa que Manuel Zelaya y muchos grupos nacionalistas andan buscando con el fin de resolver el problema de los continuistas de ambos partidos que tienen como interés único, mantenerse indefinidamente en el gobierno, por medio del cambio de la actual Constitución que facilite que no solo el cumplimiento del viejo sueño de Suazo Córdova y sus “herederos” de ampliar el  período presidencial a seis años, sino que permitir la reelección indefinida en la  titularidad del Ejecutivo. Así, se darían gusto los conservadores ¡suazocordovistas”, -que son los cachurecos, vueltos liberales por conveniencia de intereses personales, ahora mezclados por intereses económicos en el Congreso y en la dirección de algunos partidos- que confunden la continuidad democrática con la continuidad personal, la democracia con los caprichos; y el respeto a la ley solo cuando les ordena su santa gana. También daría satisfacción a los  “socialistas” de medio centavo que, ingenuamente creen que los problemas de  Honduras son fundamentalmente de leyes y no de reformas personales en el comportamiento de la clase política ante sus compromisos democráticos. Y de los ciudadanos. Pero ese camino legalista e hipócrita, no evitará la crisis económica que enfrenta el país actualmente. La Constituyente –absolutamente ilegal y económicamente innecesaria-, la reelección y el continuismo que están en la base de los intereses de políticos que no entienden nada de las obligaciones democráticas y mucho menos de los deberes de los republicanos ante el bien común, no atenderá la defectuosa operación del sistema económico, el peso  incontrolable del gasto público en contra de los intereses de las mayorías, el desborde del desempleo, el incremento de la inseguridad personal, y el crecimiento de la pobreza. Más bien, la inestabilidad actual, mucho más peligrosa que de 1985, precipitará al país en la insolvencia económica, en la inflación desbocada y en la devaluación de la moneda. La desesperación de la DEI, buscando dinero de debajo de las piedras, confirma la crisis que estamos viviendo. Cuando ocurra la debacle final, los diputados del Congreso entenderán que gobernar es algo  más que fabricar leyes y crear conflictos con los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que al aplicar la ley, aparentemente, ponen en evidencia su  ignorancia de la ciencia política, su impericia en el manejo de la acción legislativa; y su desconocimiento que esta, solo es útil cuando estimula a libertad ciudadana, facilita la operación de los agentes económicos y provoca confianza y satisfacción en la población  en general. En 1985, Suazo Córdova y los políticos que participaron en el conflicto, no sabían de estas conexiones y de estos peligros. Ahora, hay la obligación de anticiparlos, especialmente cuando el país está solo, dependiendo de sus propias fuerzas materiales; y expuesto a la manipulación de intereses internacionales que buscan instrumentalizar naciones en dificultades como las que enfrentamos actualmente.

Tegucigalpa, 18 de diciembre del 2012